areo escribió:Tenia conocimiento de que es un ente autónomo, y que lo de los impuestos se tendría que relativizar, pero aún así me parece de un descaro increíble, son cargos políticos nombrados a dedo, su gestión económica repercute sobre las arcas del estado.
Cuando las acusaciones son tan graves y afectan a la persona, no al cargo, me parece de una sinvergonzonería execrable, el que encima se paguen los abogados con el dinero de los "contribuyentes" sea técnicamente correcto ó no.
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areo10 at 2011-05-20[/img]
Dos vehículos de la policía judicial han acudido este miércoles a la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares en Palma para solicitar más documentación en relación al llamado 'caso Puertos' que investiga presuntos delitos cometidos por funcionarios de la Autoridad Portuaria con motivo de su concesión a la empresa Trapsayates.
Según los agentes necesitaban dicha documentación para aclarar algún "fleco suelto" de la investigación.
La investigación se dirige contra funcionarios de puertos por la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública, estafa, entre otros.
Entre los imputados se encuentran el ex presidente de la Autoridad Portuaria de las islas y ex líder del PP balear Joan Verger, el actual presidente de la Autoridad Portuaria Francisco Triay y el ex presidente de los empresarios españoles Gerardo Díaz Ferrán.
Según conversaciones publicadas este diario, Verger intentó amañar el concurso del Club Marítimo de Mahón. El expresidente ofreció en secreto a los responsables del club amañarlo y propuso al máximo responsable, Luis Barca, una solución al margen del dictamen de la Mesa de Contratación para propiciar que mantuviera la concesión en su poder. El acuerdo pasaba, eso sí, por que el lobby empresarial de su socio Juan Antonio Riutort, liderado en esta licitación en solitario por la empresa náutica Trapsayates, recibiera una contrapartida en forma de amarres y dinero.
Su ofrecimiento quedó inmortalizado en unas grabaciones que certifican los vínculos existentes entre el histórico líder del PP y el grupo empresarial que ha copado durante los últimos años y coincidiendo con su gestión, las principales concesiones portuarias de las Islas.
Precisamente, los hechos objeto de investigación han sido las citadas grabaciones aportadas a la Fiscalía en las que aparecen implicados el ex presidente de Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger, y el director del ente, Angel Matías, que probarían un trato de favor, con la entrega de amarres de Trapsa en el puerto de Palma.
Además
Triay dio el cemento de Alcúdia a una 'tapadera' de Mascaró
Opinión: Una concesión a medida |
El antiguo del PP y el actual del PSOE, no sé como lo veras ahora, pero yo sigo viendo corrupción, encubierta ó sin encubrir.
Saludos.
P.D. Si nos tuviesemos que ver en Sevilla, podiamos quedar en la Campana... pasé un año de mi vida allí, (vestido de caqui) asi es que ya tenemos algo más en común.
Las Autoridades Portuarias no son ente autónomo, en sentido estricto. Se regulan por una normativa sectorial específica Ley de Puertos y tienen un régimen económico propio, por lo demás con una normativa heterogénea y compleja. Desde el punto de vista puramente técnico, son parecidas a un ente autónomo pero no tienen dependencia alguna de ningún presupuesto, ni general del Estado, ni de las CC.AA.
Por eso, te insisto en que no se paga a los abogados con el dinero de los "contribuyentes", sino con los fondos propios de la A.P. -lo más parecido a una empresa dentro del sistema público, de hecho hay multitud de voces que reclaman su privatización, no es mi caso-.Es en ese sentido donde discrepo contigo, No es dinero de los contribuyentes sino de la propia A.P.
Por lo que respecta, al los cargos de la A.P., te indico lo siguiente:
El único cargo político de las Autoridades Portuarias, es el Presidente, el resto de trabajadores están sujetos a Convenio, o, siendo fuera de Convenio, a las condiciones de su categoría, y al régimen general contemplado en el Estatuto de los Trabajadores. Practicamente, todos los trabajadores de la A.P. son contratados laborales, no hay funcionarios sujetos a relación de servicio.
Por tanto, algunos de los encausados en este caso no ha sido nombrado a dedo y, en todo caso, su gestión económica no repercute en las arcas del Estado. Ya te lo he explicado, la gestión de los puertos no afecta a las arcas del Estado. Casi todas las A.P. tienen una gestión positiva. Esto, discutible o no, es así. A mi me parece que esta situación tiene puntos débiles que convendría superar pero es la realidad.
No digo que los delitos de que vienen siendo acusados no sean execrables. Ahora bien, conociendo el funcionamiento de las A.P., son intervenidas anualmente por la Intervención General de Estas, me resulta difícil de creer que nadie se pueda saltar el dictamen de la Mesa de Contratación que es inviolable y necesario en cada adjudicación.
En todo caso, no es la cuestión. Me refiero, unicamente a que el dinero que sufragará los abogados no repecute de ninguna manera en las arcas públicas.
Tampoco quiero valorar si este hecho es o no edificante. Sólo te señalo que tu premisa de partida es incorrecta. Ahora bien, no niego que, aún con lo que transmito, tu opinión sobre la cuestión no varíe, basada en cualquier otra circunstancia. Lo respeto profundamente. Yo, en cambio, en este asunto me parece que "El Mundo" opera con su habitual demagogia, descaro y sensacionalismo. Muy diferente su postura frente a la construcción del chalé de P.J. Ramírez.
Hombre, para vernos, cualquier sitio es bueno, ja, ja.
Un cordial saludo.