Rajoy negocia con Camps y Costa para que se declaren culpables y evitar el juicio
En público el silencio es total, pero en privado los teléfonos echan humo. La dirección nacional del PP, alentada por Mariano Rajoy —aunque él se mantiene en un segundo plano— ha puesto en marcha toda la maquinaria de presión para evitar el peor de los escenarios: un juicio por cohecho a Francisco Camps en otoño, en plena campaña electoral.
A última hora de ayer, Federico Trillo, el hombre de Rajoy en este asunto, negociaba en Valencia con Camps y Juan Cotino una salida. Antes, en estos días, Rajoy habló con Camps y no le pidió que dimita, pero sí que busque una solución para no llegar a un juicio en otoño, según fuentes de la dirección. La dimisión, con la que muchos dirigentes del PP han soñado en los últimos meses, parece lo menos probable. No está descartada, porque todos los interlocutores de Camps —habla con todos a todas horas— le ven muy hundido, pero nadie la ve posible.
La opción que todos manejan en la calle Génova como algo inminente —la solución podría llegar hoy mismo— es que Camps acepte declararse culpable, pagar la multa y así impedir el juicio. No es una opción exenta de problemas. Primero porque sería reconocer que ha mentido, admitir un delito grave, tener antecedentes penales, sufrir una sentencia condenatoria y convertirse en el primer presidente condenado y no expulsado de un partido nacional. Sin embargo, en la calle Génova se ve como la opción menos mala, y están convencidos de que no tendría repercusiones electorales. El escándalo, piensan, remitiría en unos días. Estamos en pleno verano, y la peor opción, un juicio en campaña, quedaría superada. Ante la evidencia de que no habrá dimisión, se conforman con esto. “Las decisiones [sobre Camps] se comunicarán en su momento”, dijo Soraya Sáenz de Santamaría ayer por la mañana para aumentar la presión.
Aún así, la operación anoche no estaba aún cerrada porque, además de los problemas técnicos que plantea —no es tan fácil declararse culpable, hay que aceptar la pena máxima que pidan fiscalía y acusación popular, esto es el PSOE— hay un escollo político de mucho nivel: Ricardo Costa. Para evitar el juicio, los cuatro imputados tienen que estar de acuerdo. Y él es el único que no era miembro de aquel Gobierno cuando saltó el caso de los trajes, con lo que tiene mejor defensa. Además, admitir su culpabilidad —reconocer que ha mentido— puede complicar su defensa en el otro proceso, el de la financiación ilegal, en el que él está imputado y Camps no. Se arriesga a la cárcel.
Costa, según fuentes de la dirección nacional, quiere garantías de que si hace ese sacrificio por el partido tendrá una compensación. Hasta ahora ha sido el pagano de Gürtel. Y no se fía de las promesas de Camps, que muchas veces le garantizó que lo metería en el Gobierno, y no lo hizo.
Por eso Costa, según estas fuentes, mantiene una negociación directa con la cúpula del PP nacional. Anoche, señalan, no había tomado aún la decisión definitiva, aunque el acuerdo parecía inminente y el exsecretario general estaba dispuesto a ese sacrificio con algunas garantías. Se hablaba no solo de entrar en el Gobierno en el futuro, sino incluso de dirigir la campaña de las generales en Valencia y sobre todo de ser rehabilitado políticamente con un discurso público de apoyo.
Mientras, Camps, que hasta hace poco descartaba declararse culpable y quería llegar hasta el final, parece dispuesto a aceptar pagar la cuantiosa multa (casi 50.000 euros) por las presiones de Génova, según su entorno. Las mismas fuentes indicaron que la decisión depende exclusivamente del presidente, que está sondeando a algunos de sus más estrechos colaboradores. Y sus consejeros siguen descartando la opción de que presente la dimisión.
Lo que más preocupa en Génova es el entorno de Camps, que siempre le hace retroceder al punto de partida. Él sigue sin agenda pública por quinto día consecutivo, aunque podría reaparecer hoy en las Cortes. Y tanto su Gobierno como el PP siguen paralizados
Por cierto Rajoy por fin deja entrever algo de lo que harán cuando lleguen al poder.Francisco Camps, dispuesto a pagar la multa para evitar el juicio por cohecho impropio
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, estaría dispuesto a pagar la multa por cohecho impropio para evitar así sentarse en el banquillo por haber recibido trajes de la trama 'Gürtel', según apuntan fuentes del PP.
Esta decisión, que supondría aceptar la culpabilidad y contar con los antecedentes penales, requiere el consenso de los cuatro imputados: el que fuera vicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa.
Precisamente sería este último quien, hasta el momento, se habría mostrado más reticente, aunque al parecer, tras diversas conversaciones con el partido, habría puesto algunas condiciones que se estarían negociado.
Desde que Costa fuera suspendido de militancia por el 'caso Gürtel', ha reclamado la restitución de su imagen pública y de sus cargos en el PP. Entre sus aspiraciones políticas siempre ha destacado la de alcanzar una plaza en el Consell. No es descartable, por tanto, que esta posibilidad pudieran estar encima de la mesa.
Al parecer, éste sería el único escollo para acceder a un acuerdo de conformidad, puesto que el resto de acusados no podrían problemas para pagar la multa y aceptar su culpabilidad.
De este modo, Camps conseguiría sortear el juicio, que probablemente se celebraría el próximo otoño y que, por tanto, podría coincidir con la campaña electoral, en el caso de que finalmente se produzca un adelanto de los comicios. Génova querría evitar a toda costa este escenario, que podría manchar las expectativas de Mariano Rajoy, favorito en las encuestas.
Apuntan desde el PP, que de aceptar la sanción, el presidente de la Generalitat encargará una encuesta para medir si sigue recibiendo el apoyo mayoritario de los valencianos. Si así fuera, el presidente iniciaría en septiembre el próximo curso político con una "exhibición de apoyo popular".
¿Por qué tengo la impresión de que ese tipo de contrato en este país favorecerá unicamente el segundo punto?.El líder del Partido Popular (PP) español, Mariano Rajoy, aplicará un "plan de choque" económico si gana las elecciones generales que podrían celebrarse en unos meses, han admitido a Reuters asesores y dirigentes de la principal formación de la oposición.
Rajoy, que según las encuestas será el próximo presidente del Gobierno, anticipa huelgas y protestas en su primer año en el cargo, pero cree que no serían suficientes para que revierta lo que sería una intensa agenda de reformas.
"Las medidas serán duras y tendremos problemas con mucha gente, pero entenderán que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Los españoles lo entenderán", dijo un dirigente del partido.
Aunque hasta ahora el PP no ha planteado en detalle su programa, la idea general es restaurar la confianza de los mercados, generar inversión y crear empleo, según dijeron a Reuters cinco fuentes del partido que pidieron no ser identificadas.
Entre los pocos puntos que los líderes del partido han abordado, está profundizar las reformas del presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, adoptando un único tipo de contrato flexible que facilite a las empresas contratar y despedir.
Los distintos tipos de contratos en lo que se refiere a indemnización por despido están considerados como una barrera para el fomento del empleo en España.
El PP quiere también reducir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas para estimular la contratación, e imponer un gasto estricto y límites de deuda a las 17 comunidades autónomas.
Favorito, según las encuestas
Los sondeos muestran que la formación de centroderecha tiene una ventaja de 14 puntos porcentuales frente a los socialistas, que han visto cómo la opinión pública les da la espalda ante los elevados índices de desempleo.
Zapatero es impopular porque no ha logrado recuperar la economía tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, pese a que sus medidas de austeridad han ayudado a mantener a España a flote en la crisis de la zona euro.
Las elecciones están previstas para marzo de 2012, pero se espera que Zapatero las adelante para sacar provecho de los buenos resultados en el empleo por la coyuntura turística del verano, uno de los pocos puntos brillantes de la economía.
Restablecer la confianza
Rajoy quiere que la clave de su programa sea restaurar la credibilidad en la política económica del país. Los costos de financiación de España se han incrementado durante la prolongada crisis de la zona euro.
"Habrá un plan de choque para convencer a los mercados de que podemos estimular el crecimiento económico", dijo un destacado diputado del PP.
Los socialistas pretenden recortar el déficit público al 6% del Producto Interior Bruto este año, desde el 11% de hace dos años, pero el consenso entre los analistas es que la economía no crecerá lo suficiente este año o el próximo para crear puestos de trabajo.
El PP dice que se apresurará a reducir el déficit pero también se concentrará en el crecimiento económico.
Los ministros clave del gabinete de Rajoy -economía, asuntos exteriores, trabajo y vicepresidencia- serán tecnócratas independientes en lugar de cargos políticos, según señalan fuentes próximas al político gallego.
Aunque los dirigentes 'populares' ven necesario recortes de gasto más profundos, aseguran que el plan de choque no obligará a recortar los servicios en el apreciado sistema sanitario público, en la educación y en las pensiones, dado que reducir ineficiencias ahorrará dinero.
Luismax
. ¿No será como los trileros de las ramblas?