Lo que no puedes pretender es que no hablemos del asunto hasta que se dicte sentencia, eso sería como no hablar de los trajes del desgraciado de Camps hasta tener la sentencia, un hecho cierto es que recibió regalos y otra cuestión es la sentencia que le pueda corresponder.
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El hecho cierto es que las fugas se produjeron y que se sancionó a la empresa, ahora falta ver si además los eruditos y formados directivos de Ascó deben ir a la cárcel.Primero fue una sanción de 15,4 millones de euros, la mayor impuesta por el Gobierno a una nuclear. Ahora, la Fiscalía de Tarragona abre la vía a una posible causa penal. Ayer denunció en el Juzgado de Gandesa a tres altos cargos de la nuclear de Ascó I y al inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) residente en la central por "negligencias, imprudencias y omisiones" que propiciaron la fuga radiactiva de 2007 ocultada durante cinco meses en los que siete centros educativos visitaron el recinto contaminado. El fiscal Ignacio Monreal les achaca la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores, además de otro por falsificación de documentos públicos con los que la planta, propiedad de Endesa, evitó notificar el escape. La denuncia ha sido autorizada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Estos delitos pueden suponer penas de hasta 16 años de cárcel si llegaran a ser condenados. La denuncia se dirige contra el director de Ascó I en el momento de los hechos, Rafael Gasca; el entonces jefe del servicio de protección radiológica, Francesc González; el jefe de explotación de la central, Jordi Sabartés, que en hoy mantiene el mismo cargo, y el inspector del CSN en la central, Antonio García, sigue también en su puesto. La dirección de la planta declinó ayer realizar comentarios. El ex director, Rafael Gasca, aún trabaja en la central.
La acusación del fiscal, que tras una investigación de más de dos años y medio atribuye "inaceptables negligencias" a los implicados, cogió por sorpresa a los directivos de Ascó y, sobre todo, al CSN. El organismo que supervisa la seguridad de las nucleares españolas, que ayer estudiaba la denuncia, respaldó plenamente a su inspector titular, que aún sigue en el cargo. El CSN tiene dos inspectores en cada central.
Esta es la primera causa penal abierta por un incidente atómico desde 1989. Entonces, un incendio en Vandellòs I (Tarragona) terminó con su cierre y con directivos y el secretario del CSN en el banquillo, recuerdan fuentes del sector. Fueron absueltos en 2000.
La Fiscalía entiende que en el caso de Ascó las responsabilidades se iniciaron mucho antes de la noche del 26 de noviembre de 2007, cuando una maniobra irregular en el proceso de recarga de combustible de Ascó I acabó en escape. Un "trabajador novel", relata la denuncia, vació un bidón de 50 litros con agua radiactiva a la piscina que acumula este tipo de residuos. Se trata de un procedimiento no previsto pero tradicionalmente permitido por los directivos de la planta, asegura el fiscal.
"Sin reglamentación que amparara la práctica y pese al riesgo que suponía, en Ascó I existía esta costumbre". Así, el agua contaminada cayó en una rejilla del circuito de ventilación, que por otra irregularidad mantuvo desactivada la ventilación de emergencia.
"De forma antirreglamentaria, se había decidido elevar la tara de actuación de los sensores de radiación", detalla la Fiscalía, "para evitar la alarma y el consiguiente aviso al Consejo de Seguridad Nuclear". Finalmente, las partículas aspiradas fueron emitidas al exterior a través de la chimenea. Una partícula apareció a 60 kilómetros de la central.
El fiscal añade otras irregularidades al cifrar la contaminación que impedirán, "muy probablemente", determinar el total de partículas radiactivas liberadas. Ello cuestiona el mensaje tranquilizador de CSN y Ascó: que nadie resultó contaminado, según los controles médicos a unas 2.500 personas, entre empleados y estudiantes. "La efectividad de esas mediciones fue limitada por el tiempo transcurrido desde el inicio de la fuga", dice el fiscal.
"Después de tres años en los que el CSN y el lobby nuclear intentaron quitar importancia a la fuga, el fiscal recuerda a la sociedad la gravedad de los hechos", subrayó ayer Greenpeace, que en 2008 denunció el escape a la Fiscalía.
Empleados de la central aseguran que la seguridad "ha mejorado mucho tras ese incidente".El Ayuntamiento de Ascó resaltó que el caso quebró la confianza en la central pero que después ha mejorado la comunicación. (Claro, que van a decir sobre la mano que les da de comer ):shock:
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